Hay tentaciones que no se anuncian como tal. No llegan con la palabra “censura” por delante, ni se presentan como un intento abierto de controlar la conversación pública. Se disfrazan mejor. Hablan de “acoso digital”, de “ciberacoso”, de “orden”, de “cumplimiento de la ley”. Y bajo esa narrativa, poco a poco, se abre la puerta a algo mucho más delicado: la posibilidad de que el poder decida qué se puede decir y qué no en el espacio digital.

En los últimos años, tanto autoridades estatales como federales han mostrado un interés creciente en regular lo que ocurre en redes sociales. No necesariamente con propuestas frontales de censura, sino con figuras jurídicas lo suficientemente amplias como para interpretarlas según convenga.

El problema no es la intención de atender fenómenos reales como el acoso en línea —que existe y debe discutirse—, sino la forma en que se pretende legislarlo. Porque, cuando la definición es imprecisa, el margen de abuso es amplio.

Ahí está el caso del llamado “ciberasedio” en Puebla, invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo tribunal consideró que la redacción del delito era tan ambigua que podía aplicarse de manera arbitraria, vulnerando el principio de legalidad. En otras palabras: no quedaba claro qué conducta era realmente un crimen y cuál no. Y en ese terreno, cualquier opinión incómoda para el gobierno de Puebla, podía convertirse en blanco de la ley.

Algo similar ocurrió con el artículo 109 de la propuesta de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2025. Ante la posibilidad de bloquear plataformas digitales encendió alertas inmediatas que obligaron a eliminar ese apartado, pero el intento quedó ahí, registrado. No como un accidente, sino como un indicio de lo que busca el gobierno.

Y ese objetivo existe porque encuentra un terreno fértil en algo que pocas veces se dice en voz alta: la incomodidad que genera la propia libertad en redes sociales. Porque sí, el espacio digital permite la convivencia de ideas, discursos y posturas que muchas veces chocan entre sí. No todo lo que circula es sensato, ni útil, ni agradable, y ante esa saturación, aparece una reacción comprensible: el deseo de poner orden.

El problema es, ¿quién lo pone?

Cuando los propios usuarios empiezan a ver la libertad como un problema, el siguiente paso es pedir regulación. Y ahí es donde el poder encuentra la oportunidad perfecta: no necesita imponer la censura, basta con responder a una “demanda social” que él mismo puede amplificar. Así, lo que comienza como una búsqueda de protección termina abriendo la puerta al control.

Conviene recordar algo básico, pero cada vez más olvidado: en redes sociales, las ideas no tienen derechos; las personas, sí. Y eso implica una responsabilidad incómoda, pero necesaria: defender el derecho a expresarse incluso cuando lo que se dice no nos gusta. Entender que el desacuerdo no es violencia; asumir que el debate, por áspero que sea, es parte esencial de ese ecosistema digital.

Si cedemos en ese punto, si permitimos que la incomodidad se convierta en argumento para limitar la expresión, tarde o temprano alguien más va a decidir por nosotros qué es aceptable y qué no. Y cuando eso ocurra, ya no estaremos discutiendo sobre acoso digital o regulación de plataformas, sino de control y censura.