Recientemente la diputada federal por Quintana Roo, Mildred Concepción Ávila Vera, presentó ante sus pares legisladores, una trascendente iniciativa de reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de valoración integral de ingreso y de egreso para personas recluidas en centros penitenciarios. En México, al cierre de 2024, había más de 236 mil personas privadas de su libertad.

La representante popular inició su mensaje de presentación de la Iniciativa, citando que “hablar de salud en prisión no es hablar de privilegios.

Es hablar de dignidad humana.  Es hablar de Estado de derecho”. Y acotó: “es hablar de una verdad que muchas veces preferimos no mirar: una persona recluida pierde su libertad, pero no pierde su derecho a vivir, a ser atendida, a ser diagnosticada, a no enfermarse en silencio y a no salir peor  de como entró”.

Nuestro sistema penitenciario enfrenta sobrepoblación, con centros que operan por encima de su capacidad. Esto significa hacinamiento, deterioro de condiciones y un entorno donde la salud física y mental se vuelve más vulnerable. Y cuando un sistema está rebasado, lo primero que se vuelve invisible es el cuerpo de las personas, su condición física, su estado anímico, su salud mental, es decir su salud integral.

La Iniciativa parte de una premisa profundamente humana: “no basta con abrir la puerta de una cárcel para ingresar a una persona; el Estado debe saber en qué condiciones entra. Y no basta con abrir la puerta para que salga; el Estado debe saber en qué condiciones la devuelve a la sociedad”.

En ese sentido  la Iniciativa de reforma a la Ley de Ejecución Penal propone  que toda persona privada de la libertad cuente, desde su ingreso, con una valoración integral física, clínica, psicológica y nutricional, que incluya signos vitales, identificación de enfermedades, salud mental y detección de riesgos como desnutrición y anemia. Asimismo, plantea que antes de salir, toda persona tenga una valoración integral que permita identificar daños derivados del internamiento y garantizar continuidad de cuidados.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 75 y se adiciona un artículo 75 bis a la ley Nacional de Ejecución Penal, en materia de valoración integral de ingreso y de egreso para personas recluidas en centros penitenciarios, fue presentado también por la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández.

Esta propuesta de reforma sostiene en su Exposición de Motivos que  “no busca justificar delitos. Busca que el sistema penitenciario cumpla su función de reinserción social. Porque no hay reinserción posible si una persona sale enferma, sin diagnóstico y sin tratamiento.

Una persona que egresa de prisión con depresión no atendida, con ansiedad, con enfermedades crónicas descontroladas, no está siendo reinsertada: está siendo abandonada. Y ese abandono también lo paga la sociedad.

La dignidad humana no se suspende en la puerta de una cárcel. 

La salud debe ser un derecho garantizado, medible y exigible”.

Sin duda alguna, la Iniciativa de Reforma a la Ley de Ejecución Penal, presentada por las legisladoras federales, integrantes del grupo parlamentario de Morena, cumple con un compromiso y una deuda de justicia humanista pendiente desde siempre con las personas privadas de su libertad en México, y de alguna manera fortalece también el propósito de la reinserción social.