Lo ocurrido recientemente en Cancún con algunos ciudadanos extranjeros, particularmente cubanos, es uno de esos casos incómodos que nos obligan a preguntarnos si realmente defendemos principios o si los aplicamos cuando nos convienen.

Durante años, buena parte de la opinión pública mexicana ha condenado las redadas migratorias en Estados Unidos, las políticas restrictivas impulsadas por distintos gobiernos y la facilidad con que muchos políticos estadounidenses convierten a cualquier migrante en sospechoso automático. Nos indignamos cuando un mexicano es tratado como delincuente únicamente por su nacionalidad.

Nos parece injusto que se generalice, que se construyan prejuicios colectivos o que se responsabilice a comunidades enteras por las acciones de unos cuantos. Sin embargo, basta que un extranjero protagonice un incidente en Cancún para que las políticas de Donald Trump nos parezcan perfectamente aplicables.

De pronto ya no es una persona la que cometió una falta. Es "el cubano", “dominicano", “extranjero". La discusión abandona los hechos para convertirse en una condena colectiva donde la nacionalidad pesa más que la conducta individual. Y así, una sociedad que exige comprensión para sus migrantes en el extranjero termina negándosela a quienes llegan a vivir entre nosotros.

Y quizá por eso preocupa tanto que estas actitudes aparezcan precisamente en Quintana Roo, un estado construido por migrantes.

Por supuesto que existen extranjeros problemáticos, pero también mexicanos problemáticos. Existen empresarios abusivos, vecinos conflictivos, turistas irresponsables y delincuentes de todas las nacionalidades imaginables. Negarlo sería absurdo. Pero una sociedad madura debería ser capaz de distinguir entre la responsabilidad individual y el prejuicio colectivo.

Lo preocupante es que las redes sociales simplifican estos conflictos, premiando las reacciones rápidas y castigando los matices o llamados a la cordura. Una publicación cargada de enojo obtiene más atención que una explicación prudente y poco a poco terminamos participando en dinámicas que normalizan la hostilidad, creyendo que se trata únicamente de palabras.

Un insulto escrito desde el anonimato, un comentario xenófobo que se pierde entre cientos de respuestas similares. Pero las palabras tienen una característica peligrosa: alguien siempre las le y encuentra en ellas una validación. Y cuando eso ocurre, la violencia deja de ser digital.

Discursos que comienzan en redes sociales terminan convirtiéndose en agresiones reales, amenazas directas, hostigamiento o actos de violencia contra personas que nada tienen que ver con el conflicto original.

Por eso resulta tan importante rechazar cualquier intento de convertir una nacionalidad en sinónimo de culpabilidad.

No porque debamos ignorar los problemas o las conductas indebidas, sino porque la justicia siempre debe dirigirse hacia quienes cometen los actos, no hacia quienes comparten un origen, un acento o un pasaporte.

Defender los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos mientras promovemos discursos de odio contra extranjeros en Cancún es una contradicción que termina exhibiéndonos.

Porque la diferencia entre la justicia y el prejuicio siempre ha sido la misma: la capacidad de juzgar a las personas por lo que hacen, y no por el lugar del que vienen.