¿Se acabó el negociazo que significa ser dirigente de partido, o legislador en México? Eso parece en el famoso Plan B, en el nuevo paquete de reformas constitucionales que propone que todos los funcionarios del sistema de partido y electoral dejarán de recibir recursos a manos llenas, altos sueldos, bonos, gastos médicos mayores sin límites y otras prebendas.

La iniciativa disminuye los privilegios y excesos en la función pública, reduce costos y aplicará uno de los principios de la 4T, entiéndase la austeridad republicana, lo cual ninguno de los partidos ni Congresos aplicó desde la llegada de la 4T al poder en el 2018.

Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana, los altos funcionarios electorales deben tener sueldos dignos, pero no excesivos, se expone en la argumentación de la misma.

Toca también a los municipios y propone límites en el número de regidores, habrá un mínimo de siete y máximo de 15. También habrá topes para los Congreso locales y dice que no se podrá destinar más del 0.7% del presupuesto estatal a los Congresos del país.

Imagínese usted que en estados como Baja California, un diputado ejerce 38 millones de pesos; en Quintana Roo 21 millones y en Colima 5 millones. La propuesta es que el reparto para acciones de atención y prestaciones del legislador sean equitativas.

Ahora bien, en México vemos que cuando se marcan los tiempos para el registro de partidos políticos hay una proliferación de solicitudes para conformarse como tal, claro porque los recursos que reciben del pueblo son onerosos.

Ahora se plantea reformar la Ley general de los partidos políticos para transparentar las remuneraciones de los dirigentes de partidos y todo recurso que reciben, se les retirarán también privilegios y podría ser que el cargo ya no sea tan atractivo para aquellos que han visto en esa figura su forma de vida.

Al Senado también le toca su parte, ahí se proponer una reducción del gasto de manera progresivo hasta llegar al 15%; en las reformas a las leyes secundarias se retirarán también todo privilegio y altos sueldos a los consejeros, magistrados y funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), de los Tribunales Electorales locales y los Institutos Electorales locales.

El negocio se le caerá a muchos que pasan del Tribunal Electoral a los institutos y viceversa. Otro de los puntos para generar ahorros es que, inmediatamente concluyan las elecciones y conformen lleguen los paquetes electorales, se procederá a su cómputo.

Así las cosas en el llamado Plan B, el cual todo indica sí tendrá el respaldo de los partidos PV y PT y logrará los 334 votos que se necesitan para su aprobación, a ver si es cierto. Hasta la próxima.