Este viernes se vivirá una de las asambleas más tensas que se recuerden en la Fase II de Residencial Las Américas. La actual administración rendirá cuentas ante los vecinos y se someterá a una votación que determinará si continúa al frente del fraccionamiento o si debe concluir su gestión y entregar la estafeta. Ese es el procedimiento normal en cualquier comunidad organizada. Lo que no es normal es el clima de hostilidad que se ha construido alrededor del evento, alimentado principalmente por un Comité de Vecinos que parece empeñado en asumir funciones que no le corresponden, alimentada por advenedizos que no forman parte de dicha estructura, pero que aparentan ser sus brazos violentos.

Desde hace meses, este comité ha mantenido una confrontación constante con la administración del residencial. El problema no es que cuestione, porque cuestionar es válido y hasta necesario. El problema es que pretende gobernar sin ser gobierno, administrar sin ser administración y decidir sobre asuntos para los que simplemente no tiene facultades. Las autoridades municipales les han explicado una y otra vez cuál es su papel: ser un puente entre los vecinos y el ayuntamiento. Nada más. No son una autoridad paralela. No son una junta de gobierno. No son un consejo de administración. No tienen atribuciones para intervenir en la operación interna del fraccionamiento. La muestra más reciente es el volante distribuido en todas las viviendas de la Fase II, un documento plagado de imprecisiones, medias verdades y afirmaciones cuestionables cuyo único propósito parece ser predisponer a los vecinos antes de la asamblea. Resulta revelador que el volante convoque a votar contra una administración por supuestamente no rendir cuentas, cuando precisamente este viernes se realizará la asamblea donde esas cuentas serán presentadas.

Peor aún, el documento presume una supuesta intervención de un "juez cívico" que habría ordenado determinadas acciones. Sin embargo, vecinos conocedores del proceso señalan que se trató de una instancia conciliatoria, la cual carece de facultades para emitir órdenes. El detalle no es menor. Cuando se manipulan conceptos legales para fortalecer una narrativa, lo que se busca no es informar, sino confundir. 

Todo apunta a una estrategia de desgaste permanente. Una campaña basada en la confrontación, en la sospecha y en el descrédito. Un ambiente enrarecido que amenaza con convertir una asamblea vecinal en un campo de batalla político. Y quizá la pregunta más importante sea: ¿qué busca realmente este comité?

Porque una cosa es representar inquietudes ciudadanas y otra muy distinta intentar sustituir a una administración electa por los propios vecinos. Una cosa es gestionar ante el ayuntamiento y otra asumir facultades que nunca les fueron otorgadas. Por eso resulta indispensable que las autoridades municipales intervengan antes de que la situación escale. El responsable de los comités vecinales, Cigur Gallegos, y la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, deben dejar perfectamente claro cuáles son los límites de actuación de estos organismos y evitar que continúe la falsa percepción de que determinados grupos actúan bajo protección o respaldo político. La asamblea de este viernes debe ser un ejercicio de rendición de cuentas. Debe ser un espacio para que hablen los números, los resultados y los vecinos, no los rumores ni las campañas de agitación. Al final, serán los residentes quienes decidan el destino de la administración. Pero también tendrán la oportunidad de enviar otro mensaje: que ningún comité, por más ruidoso que sea, puede colocarse por encima de las reglas de convivencia y de las funciones para las que fue creado.

Porque en Las Américas el problema ya no parece ser la administración. El problema es un comité que olvidó dónde terminan sus atribuciones y dónde comienzan las de los demás. Y que quede bien claro: Residencial Las Américas no es un botín para oportunistas malhechores.