En Quintana Roo, la protección ambiental parece haberse convertido en un trámite opcional, incómodo y fácilmente ignorado cuando hay intereses económicos o políticos de por medio.

Selvas, manglares y costas se transforman a golpe de maquinaria pesada, mientras las autoridades llegan tarde, cuando llegan, o simplemente miran hacia otro lado. El estado que presume ser un paraíso natural se ha ido acostumbrando a la devastación como parte del “desarrollo”.

El más reciente caso de Mahahual es apenas un ejemplo más —claro, documentado y escandaloso— de esta realidad. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total y temporal las obras del proyecto denominado “Perfect Day Mahahual”, en el municipio de Othón P. Blanco, luego de constatar que no contaba con autorización de impacto ambiental.

El daño no es menor: 17 mil 115 metros cuadrados afectados en una zona de vegetación costera de selva baja, con presencia de manglar, uno de los ecosistemas más valiosos y frágiles del país.

Según la propia Profepa, en el sitio se realizaron actividades de relleno y compactación de un camino rústico, demolición de infraestructura y recolección de escombro, todo sin permisos. Tras una denuncia ciudadana, inspectores acudieron el 28 de enero a un conjunto de predios que abarcan más de 79 mil metros cuadrados. Ahí levantaron coordenadas, documentaron las irregularidades y confirmaron que el proyecto —antes llamado “Destino Mahahual”— avanzaba como si la ley no existiera.

La historia es harta conocida, primero se destruye, luego se regulariza… si acaso. Se cambia el nombre del proyecto, se promete restauración ambiental y se apuesta al olvido mediático. Mientras tanto, el daño ya está hecho. Manglares rellenados, suelos compactados, fauna desplazada. Ecosistemas que tardaron décadas en formarse pueden desaparecer en semanas.

Lo verdaderamente alarmante no es solo que estos proyectos avancen sin permisos, sino que lo hagan de forma sistemática.

Profepa reconoce que durante la actual administración ha clausurado al menos 11 desarrollos que carecían de autorización de impacto ambiental o de cambio de uso de suelo, o que excedieron lo permitido causando daños significativos.

Once casos conocidos. ¿Cuántos más siguen operando sin inspección, sin denuncia o sin consecuencias?

Esta permisividad se vuelve aún más evidente cuando se observan los grandes proyectos impulsados desde el poder. El Tren Maya y muchas de sus estaciones avanzaron sin contar con estudios ambientales completos, suficientes o transparentes, fragmentando selvas, afectando acuíferos, sabanas y poniendo en riesgo sistemas cavernarios únicos en el mundo.

Si el propio Estado incumple la ley ambiental que debería hacer valer, ¿qué mensaje envía a desarrolladores privados y consorcios turísticos?

En Quintana Roo parece existir una lógica perversa, primero se construye, luego se pregunta. Las autorizaciones llegan después, cuando llegan, y la restauración ambiental se reduce a una promesa escrita en expedientes administrativos.

La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental establece claramente la obligación de reparar el daño y devolver los ecosistemas a su estado original, pero en la práctica esa restitución es casi siempre parcial, simbólica o inexistente.

Mahahual no es una excepción; es un síntoma. Un recordatorio de que el discurso de sustentabilidad se queda en palabras, mientras el territorio se sacrifica en nombre del progreso. La pregunta ya no es si hay autoridades ambientales, sino si estas tienen la voluntad política y la independencia necesarias para frenar proyectos ilegales antes de que destruyan lo que dicen proteger.

Si Quintana Roo quiere seguir viviendo del turismo y de su riqueza natural, no puede darse el lujo de normalizar la ilegalidad ambiental. Cada manglar destruido, cada selva arrasada, cada permiso omitido es un paso más hacia un modelo agotado que hipoteca el futuro. Sin ley, sin vigilancia efectiva y sin consecuencias reales, el paraíso se convierte, poco a poco, en un espejismo. Y mientras tanto uno se pregunta: ¿Dónde está la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, o la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo?