Fue otorgada una suspensión definitiva a la Asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) contra el proyecto Perfect Day, que en días pasados fue suspendido por la Profepa. Con ello la inversión de mil millones de dólares por parte de Royal Caribbean en Mahahual prácticamente se esfuma.

La medida fue dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Quintana Roo dentro del juicio de amparo con número de expediente 4/2026 en defensa del medio ambiente de Mahahual, dejando sin efecto los cambios de uso de suelo vinculados al megaproyecto Perfect Day.

Antonella Vázquez Cavedón, presidenta de DMAS, explicó que este fallo determina que, mientras se resuelve el fondo del juicio, no pueden surtir efectos legales las autorizaciones y actos derivados de dicha reconfiguración urbana, evitando que se consoliden derechos, permisos o licencias que permitan avanzar el proyecto bajo un esquema de planeación impugnado.

Esto deberá tener efectos en la autorización de impacto a nivel federal que tramita Royal Caribbean para este proyecto, pues en ese documento informan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que cuentan ya con “usos y parámetros de aprovechamiento de uso de suelo compatibles”, luego de la modificación del PDU 2021-2050 del municipio de OPB, aprobada por el cabildo el 1 de diciembre del año pasado y publicada en el Periódico Oficial del estado el 5 de ese mismo mes.

Dichos cambios son los que justamente anula, mediante suspensión definitiva, el recurso de amparo promovido por DMAS.

El juicio se interpuso en contra la presidenta municipal, Yensunni Martínez Hernández, y el cabildo de OPB, luego de que Royal Caribbean entregó un dictamen técnico a la alcaldesa en el que solicitan los cambios de uso de suelo en una superficie de 107 hectáreas, mediante los cuales se eliminan vialidades y restricciones para permitir construcciones con las alturas y especificaciones técnicas que requiere el parque de toboganes proyectado por Royal Caribbean en Mahahual.

“El dictamen fue presentado por la alcaldesa ante el Cabildo y en apenas unos días les conceden todo; al final estipulan que es una reconfiguración del PDU basada en el artículo 64 de la Ley de Asentamientos Humanos de Quintana Roo”, explicó la presidenta de DMAS.

Estos cambios debieron haber sido consultados a la comunidad de Mahahual, pues existe un principio de planeación urbana, el cual obliga a pedir el consentimiento de la comunidad cuando están en juego ecosistemas costeros sensibles y el derecho humano a un medio ambiente sano.

“Esta suspensión confirma que la defensa legal del territorio tiene sustento. No se trata de frenar el desarrollo, sino de garantizar que se respete la ley, la planeación urbana y la protección ambiental de Mahahual El juicio de amparo continuará hasta que el Juzgado resuelva en definitiva la legalidad de los actos impugnados”, añadió Vázquez Cavedón.