La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas no marca el cierre de una etapa, sino el inicio de otra mucho más visible. Lo que antes se movía en la discreción de una dependencia federal estratégica, hoy comienza a colocarse bajo la lupa pública.

Su reciente nombramiento como delegado de la Secretaría de Gobernación en Yucatán ha sido leída más como un intento de jugada política que administrativa. El movimiento parece tener un objetivo claro: posicionarse rumbo a 2027, con la mira puesta en la gubernatura de Quintana Roo.

Sin embargo, esa cercanía territorial también implica un costo muy alto para el tabasqueño, pues lo coloca en el escrutinio. A diferencia de su paso por Aduanas, donde los cuestionamientos públicos fueron escasos, en la península su nombre no pasa desapercibido. Y no precisamente por sus logros.

Sobre Marín pesan señalamientos delicados que van desde presuntas redes de “huachicol fiscal” —uno de los mecanismos que más daño ha causado a las finanzas públicas en los últimos años— hasta acusaciones de enriquecimiento ilícito y posibles actos anticipados de campaña. A pesar de la gravedad de estos señalamientos, no existe hasta ahora una investigación abierta en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

El contraste es inevitable. Mientras se habla de austeridad y combate a la corrupción, casos como este parecen moverse en una zona de inmunidad política. La pertenencia de Marín al llamado “Grupo Tabasco”, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ayuda a explicar esa aparente protección. Un círculo cerrado que ha sido señalado en más de una ocasión por prácticas de impunidad.

Los datos que han trascendido tampoco ayudan a disipar dudas. Propiedades de alto valor, particularmente en Cancún, contrastan con los ingresos oficiales de un servidor público. El caso de inmuebles en zonas exclusivas como la Shark Tower alimenta la percepción de un enriquecimiento difícil de justificar.

A esto se suman los antecedentes electorales. Desde el año pasado, su nombre comenzó a figurar en el estado por una serie de movimientos y eventos que fueron interpretados como intento de posicionamiento anticipado rumbo a las elecciones. Una estrategia que, lejos de consolidarlo, ha generado suspicacias.

En política, la memoria suele ser corta, pero no inexistente. Y en Quintana Roo, donde el electorado ha visto pasar distintos proyectos y colores, el contexto importa. 

En este escenario, también resulta inevitable cuestionar el papel de las instituciones encargadas de vigilar y sancionar. Un Instituto y un Tribunal Electoral dormidos en Quintana Roo. La ausencia de investigaciones formales no necesariamente equivale a inocencia, sino que abre la puerta a la sospecha de omisión o complicidad. 

De cara al proceso electoral que se avecina, la ciudadanía tendrá cada vez más información —y también más responsabilidades— para evaluar perfiles, trayectorias y resultados. Porque más allá de estrategias políticas y alianzas, el verdadero filtro será la confianza pública.

¿Apostará Morena por un perfil rodeado de señalamientos o exigirá cuentas claras antes de decidir su futuro?