Hablar de inseguridad en Quintana Roo es, inevitablemente, hablar de herencias. No de esas que se reciben con gusto, sino de las que llegan cargadas de problemas, omisiones y decisiones que, con el paso del tiempo, terminan por pasar factura.

Hoy, el estado enfrenta una realidad compleja donde la violencia no surgió de la noche a la mañana, sino que fue permitida —y en algunos casos, ignorada— durante administraciones anteriores, particularmente en el gobierno de Carlos Joaquín.

La actual administración encabezada por Mara Lezama ha sido clara en el diagnóstico: el 97 por ciento de los homicidios en la entidad están vinculados a grupos delictivos. Esta cifra no solo es alarmante, también es reveladora. Habla de una estructura criminal que echó raíces, que encontró condiciones para instalarse y expandirse en un territorio estratégico por su dinamismo económico y su vocación turística.

Y es precisamente ahí donde surge la pregunta incómoda pero necesaria: ¿cómo expulsar a quienes fueron tolerados —o al menos no combatidos con eficacia— durante años?

Porque si bien hoy se reconoce una disminución importante en los índices de homicidios, y se han implementado acciones concretas como la creación de grupos especializados contra la extorsión, el problema de fondo no desaparece con operativos ni discursos. La delincuencia organizada no es un fenómeno espontáneo; se instala, se adapta y se fortalece cuando encuentra vacíos de autoridad.

Durante años, esos vacíos existieron. La falta de atención a delitos como la extorsión, la debilidad institucional en corporaciones policiacas y la escasa coordinación entre niveles de gobierno permitieron que grupos criminales no solo ingresaran al estado, sino que consolidaran su presencia. Hoy, desarticular esas estructuras implica mucho más que voluntad política: requiere tiempo, inteligencia y, sobre todo, constancia.

En ese sentido, el gobierno de Mara Lezama ha apostado por una estrategia institucional que incluye la coordinación con fuerzas federales como la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Las mesas de seguridad diarias, en conjunto con el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch, buscan precisamente cerrar los espacios que antes quedaron abiertos.

También hay avances en otros frentes. El equipamiento de policías municipales y la apuesta por la formación de jóvenes —a través de nuevas oportunidades educativas— forman parte de una estrategia que intenta atacar no solo las consecuencias, sino también las causas de la violencia. Porque, como bien ha señalado la gobernadora, la construcción de la paz pasa necesariamente por evitar que más jóvenes sean captados por la delincuencia.

Sin embargo, no todo es discurso institucional. La realidad sigue siendo dura. Casos como la privación ilegal de la libertad de un policía ministerial —aunque posteriormente liberado— evidencian que los grupos delictivos siguen teniendo capacidad de operación. Y es ahí donde la narrativa del “ya estamos mejor” debe manejarse con cuidado, porque el riesgo de minimizar el problema puede ser tan grave como haberlo ignorado en el pasado.

Un punto a destacar es el cambio en los protocolos de reacción ante desapariciones. Hoy, las autoridades aseguran que no se espera para activar alertas de búsqueda, atendiendo una demanda histórica de colectivos y madres buscadoras. Este tipo de acciones, aunque parecen básicas, marcan una diferencia importante frente a la indiferencia que durante años denunció la sociedad civil.

Aun así, el gran desafío persiste: limpiar un estado donde la delincuencia no llegó sola, sino que encontró condiciones propicias para crecer. La responsabilidad histórica recae en quienes gobernaron antes, pero la responsabilidad presente es de quienes hoy tienen el mando.

Mara Lezama enfrenta, en ese sentido, una doble tarea: contener la violencia y desmontar la estructura criminal heredada. No es menor. Implica enfrentar inercias, intereses y redes que no desaparecen fácilmente.

La pregunta sigue en el aire y no admite respuestas simples: ¿cómo sacar a los malos que otros dejaron entrar?

Quizá la respuesta no esté en una sola estrategia, sino en la suma de muchas: coordinación real, fortalecimiento institucional, atención social y, sobre todo, una voluntad sostenida que no se diluya con el tiempo. Porque si algo ha demostrado la historia reciente de Quintana Roo, es que lo que no se atiende a tiempo, termina por convertirse en un problema mucho más difícil de erradicar.