En un momento donde las grandes cadenas hoteleras y navieras mantienen su mirada fija sobre las arenas blancas de Cozumel, un movimiento ciudadano ha decidido que el progreso económico no debe cimentarse sobre la destrucción del patrimonio natural, por lo que con el respaldo masivo presentaron ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)  839 consultas públicas realidad de manera presencial en Playa Mía y 19 mil 405 firmas recabadas a través de Change.org.

Con ello se ha constituido una resistencia civil, logrando proteger el acceso público a las costas y la vida submarina frente a la expansión de proyectos portuarios a gran escala que amenazan con privatizar el paraíso

De acuerdo con Guadalupe Martín Cab del colectivo Conservación Investigación y Manejo Ambiental de Cozumel la fuerza de esta movilización ha llegado hasta los escritorios de la Semarnat, donde se entregó formalmente el clamor de la comunidad. 

El esfuerzo del pueblo de Cozumel se tradujo en la presentación de 839 consultas públicas y un respaldo masivo de 19 mil 405 firmas recabadas a través de Change.org y de manera presencial en Playa Mía.

Esta entrega de documentos representa una barrera legal y social contra el avance de megaproyectos que, según los activistas, ignoran la voluntad de quienes habitan la isla y dependen de la salud de sus ecosistemas para sobrevivir.

Luchan habitantes de Cozumel por la no privatización del paraíso

Uno de los frentes más críticos en esta lucha es la oposición frontal a la construcción del cuarto muelle de cruceros. CIMAC, junto con otros grupos locales, ha denunciado que este proyecto impactaría directamente al arrecife Villablanca.

A través de estudios técnicos independientes, el colectivo ha logrado desmentir las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) oficiales, documentando la existencia de al menos 20 especies de coral en zonas donde los desarrolladores afirman que la vida marina era escasa. 

Sin embargo, para los ambientalistas la infraestructura actual de la isla es suficiente y añadir más presión humana pone en riesgo el último arrecife de acceso público para los residentes.

Para este colectivo más allá de la biodiversidad, la defensa de la costa es una causa social que busca evitar la privatización de los últimos espacios públicos en la zona occidental de la isla ante proyectos como el Royal Beach Club de Royal Caribbean o el desarrollo Cabo Mantarraya. 

El objetivo de proteger la playa es defender el derecho de los cozumeleños a disfrutar de su propio territorio sin restricciones económicas. Esta labor se complementa con acciones permanentes de limpieza de fondos marinos, monitoreo biológico y educación ambiental, consolidando un modelo de resistencia viva que exige un turismo sostenible que no devore los recursos que lo sustentan.