Ángel Mora Castillo presentó una iniciativa popular, con la finalidad de crear una Oficialía de Partes en la Fiscalía General del Estado (FGE) y establecer plazo máximo de seis meses para resolver carpetas de investigación. La propuesta presentada ante el Congreso del Estado pide que sean reformados los artículos 19 y 25 de la Ley Orgánica de la FGE.

En la exposición de motivos, señala que cuando un persona quiere darle seguimiento a la integración de una carpeta de investigación ésta es asignada a un Fiscal del Ministerio Público; entonces, solamente ese funcionario público es quien puede recibir las promociones, pero pasa que a veces ese funcionario no se encuentra, está ocupado o de vacaciones, entonces nadie más que él, es la persona que dará trámite a las peticiones; esto es limitar los derechos humanos porque se impide que la procuración de la justicia sea pronta y expedita, y sobre todo, no existe una certeza jurídica sobre la integración de las carpetas de investigación porque se depende de una misma persona.

Proponen crear Oficialía de Partes en FGE para agilizar investigaciones [Foto: Ángel Castilla]

Lo que se busca es que exista una Oficialía de Partes para que se puedan presentar todas las promociones necesarias para la integración de la carpeta de investigación, y así no depender de un solo funcionario público para que reciba los documentos.

La vigente Ley Orgánica de la FGE carece de mecanismos formales de recepción de escritos, promociones y documentos que haga la ciudadanía cuando acude ante esa instancia, lo que conlleva a una obstaculización al acceso efectivo a la justicia. Tampoco establece un plazo máximo para que el Ministerio Público concluya la investigación inicial antes de la formulación de la imputación; se puede llevar hasta más de tres años en investigar. 

No existe un término prudente en la cual el Fiscal del Ministerio Público encargado de una carpeta de investigación deba integrar; esto, en muchas ocasiones, genera una impunidad, porque pasan hasta tres años y no han solicitado la audiencia para la formulación de imputación, y en ocasiones prescriben los delitos.

Existe un término para el ejercicio de la acción penal de los delitos de querella y de oficio, pero puede llevar hasta cinco años, y lo que se busca con esta iniciativa es que el Fiscal del Ministerio Público tenga un plazo de tiempo para integrar la carpeta de investigación y solicitar la audiencia de formulación de investigación, o en su caso, dictar el no ejercicio de la acción penal, para dar celeridad y certeza a las indagatorias.