El Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) inició una consulta para que los miembros de las comunidades mayas de los tres estados peninsulares, manifiesten si se sienten agraviados por el uso de cinco expresiones del pueblo originario para fines comerciales en negocios inmobiliarios.

Se trata de un procedimiento de infracción administrativa en materia de protección cultural iniciado por el Gran Consejo Maya y otros miembros integrantes de la comunidad, contra tres personas que buscan hacer uso comercial de expresiones mayas.

Las palabras y expresiones objeto de la controversia que se señala se utilizan sin la autorización del pueblo maya, son: kuxtal, kaak, kaab, ha y kuxtal uh may. Estos signos se encuentran relacionados con el uso comercial en negocios inmobiliarios, algunos de ellos en Tulum.

Los interesados tendrán 15 días para manifestar agravios, de acuerdo con la convocatoria emitida este viernes en el Periódico Oficial de Quintana Roo.

A su vez, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en conjunto con autoridades locales, tendrá que anunciar a través de sus redes sociales esta convocatoria en un formato de fácil lectura, tanto en español, como en maya, en el mismo tiempo que inicia a partir de la publicación de la convocatoria.

La controversia, de acuerdo con el expediente DPVDA/PIAPPC/002/2023, fue promovida por el citado cuerpo colegiado de carácter indígena encabezado por Simón Caamal Coh, Gabino Cruz Yeh, Cornelio Puc Jiménez y Plácido Balam Noh; es contra Ubaldo Díaz Sánchez, Erick Bogard Díaz Franco y Ulises Emanuel Díaz Franco.

Estos tres últimos, según el documento hecho público este viernes, son quienes ejecutan la probable aprobación cultural.

De acuerdo con el sistema de consulta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), las cinco expresiones se encuentran suspendidas en el procedimiento del registro de marca a favor de las personas señaladas.

El Gran Consejo Maya en los últimos años ha hecho uso de estos recursos legales, como la controversia que inició contra Xcaret, por una situación similar, juicio que ha escalado a las instancias superiores a cuatro años de haberse comenzado. Actualmente se encuentra en manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.