La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) trabaja en alrededor de 300 quejas que están en trámite, en temas que van desde la justicia, seguridad, salud y educación.

Omega Ponce Palomeque, presidenta de la Cdheqroo, comentó que la mayoría de estas quejas, se deben a problemas en el reconocimiento de los derechos y otorgamiento de servicios.

"Estamos con alrededor de 300 quejas en trámite en todo el estado, un promedio natural (…) Las que siempre vamos manejando, son las quejas que tienen que ver con acceso a impartición de justicia, quejas que tienen que ver con seguridad ciudadana en el estado, en los municipios, las secretarías de salud y de educación”.

Afirmó que la mayor parte de las quejas son interpuestas por personas que integran los grupos de atención prioritaria y grupos vulnerables, como mujeres afectadas por violencia familiar y personas privadas de su libertad.

"Todas las personas en general acuden a la comisión, pero sí es importante mencionar que aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, mujeres que buscan algún tipo de asesoramiento por temas de violencia familiar o conflictos que tienen que ver con violencia familiar o guardia custodia, también tenemos por ahí un alto personal que acuden personas privadas de la libertad o quienes sufren discriminación por un tema de discapacidad”.

Reporta Cdheqroo alrededor de 300 quejas que son atendidas

Asimismo, la entrevistada aseguró que en mayo se espera concluir con los asuntos pendientes que heredó de las gestiones anteriores, que sumaban hasta 933 expedientes de quejas contra diversas instituciones.

"Y resolviendo también las quejas de años anteriores. Siempre lo comparto y lo comparto con orgullo, de los 933 expedientes de rezago que había cuando yo llegué, hasta 2023, quedan siete y éstos se acaban el 1 de mayo de este año”.

Acerca de los cuestionamientos sobre su labor por varias organizaciones, Ponce Palomeque aseguró que “los datos están en las páginas de internet, en mecanismos oficiales” y que si no habla de casos en específico, se debe a que muchas de las personas no lo han autorizado y que le han referido que solo quieren acabar con su proceso.

Incluso, consideró que hacer públicos los casos “implica una serie de estigmas” a quienes consideran que las instituciones violentaron sus derechos humanos.