La advertencia no es menor ni exagerada. En un estado donde el acceso a la tierra se ha vuelto una aspiración cada vez más lejana para miles de familias, cualquier promesa de “terrenos gratis” suena no sólo tentadora, sino urgente.

Por eso, el señalamiento de la gobernadora Mara Lezama sobre el presunto fraude en la zona de Akumal–Tulum debe leerse con atención… y también con una dosis de exigencia.

Porque sí: todo apunta a que estamos frente a un engaño burdo, pero peligroso. Ofrecer lotes a cambio de limpiar predios, bajo el disfraz de una supuesta labor comunitaria o incluso religiosa, no sólo carece de sustento legal, sino que abre la puerta a un abanico de riesgos que van desde el despojo hasta la explotación de la necesidad.

Nadie regala tierra en uno de los corredores más cotizados del Caribe mexicano. Pensar lo contrario es, en el mejor de los casos, ingenuidad; en el peor, desesperación.

En ese sentido, la postura de la gobernadora es correcta. Alertar, investigar y coordinar a instancias como AGEPRO, SEDATU y autoridades municipales es lo mínimo indispensable ante un esquema que, de confirmarse, podría estar operando con total impunidad.

Más aún cuando se utilizan redes sociales —como el perfil “Obra por Amor”— para amplificar la trampa y alcanzar a más personas vulnerables.

Pero el problema de fondo no se resuelve únicamente con advertencias. Ahí es donde la crítica se vuelve necesaria. Si bien el gobierno actúa al señalar el fraude, también llega tarde a una realidad que lleva años gestándose: el crecimiento desordenado, la especulación inmobiliaria y la falta de opciones reales de vivienda han dejado un terreno fértil —literal y figurativamente— para este tipo de engaños.

Cuando una familia está dispuesta a trabajar gratis un domingo entero con la esperanza de obtener un pedazo de tierra, no es sólo víctima de un fraude; es reflejo de un sistema que no le ha ofrecido alternativas claras, accesibles y legales para acceder a vivienda. Y ahí, los distintos niveles de gobierno, no sólo el actual, cargan con una responsabilidad acumulada.

La mención de programas como Viviendas del Bienestar abre una ventana de oportunidad, pero también obliga a resultados tangibles.

Porque mientras los programas institucionales avanzan con lentitud o burocracia, los fraudes lo hacen con rapidez y oportunismo.

Lo dicho por Mara Lezama es, en esencia, un llamado a la prudencia ciudadana. Pero también debería ser un llamado interno a acelerar, transparentar y ampliar las políticas públicas de acceso a la tierra.

De lo contrario, seguirán apareciendo “Obras por Amor” que, en realidad, viven del abuso.

Hoy se combate un posible fraude. Mañana habría que evitar que las condiciones que lo hicieron posible sigan ahí, intactas.